domingo, 28 de febrero de 2010

Opinion: El ausente Estado Benefactor, también en materia de nutrición infantil.



El ausente Estado Benefactor, también en materia de nutrición infantil.

28 de febrero de 2010

Por Juan José Mena Carrizales*


Ha trascendido en los medios de comunicación que la bancada del PRD en la Cámara de Diputados prepara varias iniciativas para regular el consumo de los alimentos "chatarra", es decir, todos aquéllos productos alimenticios de bajo contenido nutricional que son materia de consumo de la población infantil. Todo ésto viene a cuento, debido al aumento de los casos de obesidad infantil, al grado que de acuerdo a estadísticas internacionales nuestro país aparece en segundo lugar mundial, después de los Estados Unidos, en este rubro de problemas de salud.


Entre los productos a ser regulados, en esta iniciativa se encuentra los productos elaborados por varias empresas oligopólicas, principalmente de golosinas, refrescos, sopas instantáneas, frituras y panes de dulce con alto contenido de carbohidratos y grasas. En realidad de lo que estamos hablando aquí, no es más que de los productos de marcas conocidas de grupos como PepsiCo, Bimbo y unas cuantas marcas más.


Sin embargo, personalmente, aunque no me opongo a dicha iniciativa, dudo de su efectividad aislada, ya que su alcance tan sólo, según lo difundido en diversos medios de comunicación, consiste en limitar la venta de estos productos dentro de las instalaciones educativas, quedando tales productos a disposición de los menores para su consumo en cualquier otro establecimiento externo a su centro educativo.


Al parecer de este autor, en realidad ya existe un instrumento jurídico de carácter administrativo de mayores alcances, para enfrentar este problema de salud pública, me refiero al instrumento jurídico, conocido como las Normas Oficiales Mexicanas, reguladas por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, tal como aparece en el artículo 40-I, de dicha Ley:


"ARTÍCULO 40.- Las normas oficiales mexicanas tendrán como finalidad establecer:

I. Las características y/o especificaciones que deban reunir los productos y procesos cuando éstospuedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana, animal, vegetal, el medio ambiente general y laboral, o para la preservación de recursos naturales;

[...]".


La expedición de dichas normas es facultad de la Secretaría de Economía (antes del 2000, "Secretaría de Comercio y Fomento Industrial"); sin embargo, puede ser que la evidente inoperancia de la Administración Pública Federal determine la razón por la cual no se ha llevado a cabo una eficiente regulación de estos productos alimenticios, ya que de acuerdo a las técnicas actuales de producción de alimentos, sin mucha dificultad se podría obligar a los productores de estos alimentos a incluir ingredientes de mayor valor nutricional como derivados de carne seca, lácteos, agregados proteícos, vitamínicos, etc., sin que éso altere el precio de los productos citados (que ya es elevado, medido por unidad de masa); aunque tal vez pudiera ocasionar que tuvieran que reducir en cierta proporción su margen actual de ganancias (que son obtenidas acutalmente con métodos de cuestionable ética, como producto de publicidad dirigida a un sector de la población "susceptible e influenciable" como son los menores).


Sin embargo, a decir verdad, hasta aquí, sólo hemos analizado ámbitos pasivos del poder del Estado: el punitivo y el regulatorio; existe otro ámbio, el de "el Estado Benefactor", que ha sido dejado fuera de las discusiones parlamentarias por el momento. Me refiero al sencillo concepto de "desayunos escolares", que regían por lo menos, cuando la estancia de escolares era de todo el día, en los gobiernos post-revolucionarios.


Por supuesto, es última iniciativa implica varios cambios de visión de Estadismo que probablemente nuestros legisladores del PAN y PRI se han negarán a asumir: regresar a los mecanismo de protección de productores agropecuarios y consumidores de bajos ingresos como la CONASUPO. También se implica que recursos que actualmente se utilizan en rescates financieros y sostenimiento de los compromisos de deuda gubernamental, se detengan´; así como también la entrega neoliberal de la de los recursos petroleroes, mineros a sectores privados trasnacionales.


¿Planteó un regreso al populismo como solución de fondo? Honestamente me parece incompetente y autodescalificada, para todo propósito la visión de quien considere que cualquier solución para preservar y mejorar la salud de los menores un "tema populista".


Ciertamente la visión del autodenominado "presidente del empleo", Felipe Calderón Hinojosa, está lejos de esta postura del Estado Benefactor que he planteado aquí y está más cerca de la definición de Max Weber de "Estado Patrimonialista", el Estado en el que la propiedad y los intereses del Estado se confunden con las que tiene el funcionario, en su ámbito privado.


Aún más, en este papel del Estado patrimonialista de la Administración actual, cuyo único, papel es responder a los intereses económicos que lo respaldan, aparecen los "economistas-conductistas", al estilo la administración de Obama, que ha sido muy útil en forma una cortina de humo propagandístico ante la inacción: la noción que se esquematiza bajo el lema y los programas de "Vivir mejor", "Educación financiera" y la inexistente política industrial y programa de recuperación frente a la crisis de derrumbe del sistema monetario internacional: hágamosle creer a la gente que se encuentran en esas condiciones por su culpa, hablémosles de optimismo y dejemos que se la arreglen como puedan. La misma clase de indiferencia gubernamental genocida que los mexicanos han percibido desde los gobiernos neoliberales. Como ejemplos característicos se encuentra la inacción presidencial posterior a los efectos del sismo ocurrido en 1985, y la que están percibiendo los habitantes del Valle de Chalco.


La necesidad del regreso al Estado Benefactor, nos hace concluir que: Vivimos tiempos peligrosos, peligrosamente revolucionarios.


* Estudiante de la Facultad de Derecho, UNAM.


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